El arresto del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, excomandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, ha puesto en el centro del escándalo a la Secretaría de Marina, institución que históricamente ha gozado de alto prestigio en México.
Farías Laguna, sobrino de Rafael Ojeda Luján —quien encabezó la dependencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, es señalado de tener vínculos con la red que facilitó el ingreso ilegal de más de 10 millones de litros de diésel al puerto de Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo.
El caso marca un hecho poco común: la detención de un mando naval de alto rango dentro de una investigación por corrupción y contrabando de combustibles. La captura de Farías Laguna fue revelada por el diario Reforma y confirmada posteriormente por fuentes oficiales consultadas por este medio.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las indagatorias han permitido desmantelar un entramado de complicidades entre comercializadores privados de hidrocarburos y autoridades portuarias. Sin dar nombres, aseguró que entre los más de diez detenidos figuran directivos empresariales y servidores públicos.
“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del Gobierno federal”, indicó en su cuenta de X.
EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS, IMPLICADOS
Además de Farías Laguna, en la lista de arrestados se encuentran empresarios vinculados a la importación de combustibles y varios funcionarios federales y locales que operaban en el puerto de Tampico. Entre ellos, también hay elementos de la Marina, lo que refuerza la hipótesis de que el contrabando por vía marítima, conocido como huachicol marino, no habría sido posible sin la complicidad institucional.
El hallazgo del buque en marzo evidenció la magnitud del problema: más de 10 millones de litros de diésel de contrabando, cifra que da cuenta del tamaño de las operaciones ilegales que afectan directamente a las finanzas públicas y a Petróleos Mexicanos (Pemex). La petrolera estatal ha denunciado pérdidas millonarias por este tipo de delitos, que complementan el robo de combustibles en ductos y tomas clandestinas en tierra.
Las investigaciones federales continúan, y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas, mientras se rastrean las conexiones financieras y logísticas de esta red de corrupción y tráfico ilegal de hidrocarburos.
