Por Eugenio Ortiz Carreño/Bahía de Banderas
Habitantes de la playa de Chacala, se quejan de ser víctimas de persecuciones y despojos por parte de las autoridades de la Fiscalía, que han generado un ambiente de terror entre propietarios de predios y hasta entre trabajadores, al realizar detenciones arbitrarias, sin órdenes de aprehensión y sin ningún procedimiento legal.
En todos los casos se aplica el mismo procedimiento que se hizo en el llamado Mega Operativo de recuperación patrimonial que se llevó a cabo en Nuevo Vallarta, donde decenas de residencias fueron materialmente confiscadas por el gobierno del estado, aunque los propietarios demostraran que habían sido adquiridas legalmente.
Los actos de abuso no han parado y los más recientes son los que se llevaron a cabo en Rincón de Guayabitos, donde una familia fue sacada de su vivienda y todo el predio fue reclamado por la Fiscalía para integrarlo al llamado Fondo Soberano Nayarit, el cual genera más dudas que certezas sobre el futuro de los bienes supuestamente “recuperados”.
El último hecho ocurrió en Chacala, también del municipio de Compostela, donde hace semanas llegaron elementos de la Fiscalía y detuvieron a ocho trabajadores, incluyendo a un menor de edad, pero el “operativo” tenía el propósito de detener a los propietarios del terreno donde laboraban.
Al ser detenidos, fueron interrogados para que dieran el nombre del propietario. Eso generó una fuerte movilización de las familias tanto en Chacala como en la población de Las Varas, ejido al cual pertenece la comunidad pesquera y turística.
Se reclamó la liberación de los detenidos, que estuvieron asegurados durante 48 horas y mantenidos incomunicados, como si fueran auténticos delincuentes.
ABUSO Y DESPOJO
El abogado Juan Alberto Luna, que asumió la defensa de los detenidos, expone en un comunicado que el gobierno pretende despojar de su inmueble a una persona, cuyo nombre no se da a conocer y afirman que al llegar los elementos en patrullas de la Fiscalía había más trabajadores, pero muchos lograron escapar.
El abogado señaló que la Fiscalía aplica la misma “receta” en todos los casos de despojo y ya tienen un ambiente de terror a las poblaciones costeras, donde hay importantes áreas turísticas.
Las víctimas, por su parte, se quejan de que tras la traumática experiencia que vivieron al ser detenidos, los traen vueltas y vueltas y los amparos que han gestionado no se respetan.
En este caso se culpa a presuntos “operadores” del gobierno del estado, que pretenden despojar a los nayaritas de sus propiedades.
Y lo más extraño es que se evidencia cierta coordinación con jueces y ministerios públicos del nuevo sistema judicial para dar apariencia legal a procedimientos que no la tienen.
