Por Miguel Ángel Ocaña Reyes/Puerto Vallarta
Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, Puerto Vallarta –y la región en general- se convirtió en el escenario de un profundo malestar ciudadano y turístico.
Una marcha que inició en las inmediaciones de UNIRSE derivó en el bloqueo total de la avenida Francisco Medina Ascencio en el cruce con la avenida Prisciliano Sánchez, principal eje vial federal de la ciudad, desatando horas de caos vial, económico y social.
El reclamo de “justicia” por el caso del accidente vehicular y posterior muerte de la joven Clarisa Rodríguez corresponde al ámbito estatal y terminó secuestrando el flujo de una ciudad, de un municipio que, en pleno fin de semana largo y con la llegada de dos cruceros, depende vitalmente de su movilidad y de su imagen como destino turístico pacífico y funcional.
DESCONTENTO SOCIAL
El descontento no se hizo esperar. Miles de residentes, turistas, transportistas y comerciantes vieron cómo sus planes se truncaban por la obstinación de un par de cientos de manifestantes que, al tomar la vialidad, mostraron una total indiferencia ante las afectaciones colaterales.
El hartazgo creció al ritmo de los autos detenidos, las entregas frustradas y el temor por las pérdidas económicas en uno de los fines de semana más importantes para la economía local.
INDIFERENCIA OFICIAL
Frente a la crisis, la respuesta institucional resultó insuficiente y fragmentada. Mientras la autoridad municipal brilló por su ausencia, representantes de la Fiscalía General de Jalisco intentaron, sin éxito, establecer un diálogo con los inconformes.
El fiscal general, Salvador González de los Santos, había declarado desde el jueves que el presunto responsable del caso estaba localizable y que el asunto ya estaba judicializado, pero ello no impidió la manifestación.
Incluso la intervención de la regidora Melissa Madero, quien acudió personalmente al lugar, fue ignorada por los manifestantes, que se mantuvieron firmes en su determinación de no permitir el paso de ningún vehículo.
Entre las pancartas que exigían justicia y denunciaban corrupción, se escuchaban reclamos directos al presidente municipal, cuya presencia fue exigida reiteradamente.
Curiosamente, hasta miembros de la familia Rodríguez, directamente vinculada al caso, pidieron a los manifestantes desistir, pero sus palabras tampoco encontraron eco.
INTRANSIGENCIA Y CAOS
Al caer la tarde, la imagen era desoladora: camiones de carga varados, turistas atrapados en el tráfico, y una ciudad que, literalmente, dejó de respirar.
Aunque algunos manifestantes comenzaron a mostrar fisuras al reconocer el daño económico causado, la postura más intransigente prevaleció.
Incluso con la amenaza de pernoctar en la vía hasta el sábado, el bloqueo continuó, ignorando que cada minuto de paralización se traduce en pérdidas para cientos de pequeños negocios, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.
Este episodio no solo expone la fractura entre un reclamo legítimo y el derecho al libre tránsito de una comunidad, sino que también deja al descubierto las limitaciones de la mediación institucional y el alto costo que paga una ciudad turística cuando se usa su principal arteria como instrumento de presión.
Mientras Puerto Vallarta intenta recomponer su normalidad, queda en el aire una pregunta incómoda: ¿quién responde por el daño colectivo cuando la protesta desborda los límites de lo socialmente aceptable?
