Por Norma A. Hernández/Foto: Rodolfo Preciado/Puerto Vallarta
Al menos 20 empresas de la región han recibido apercibimientos y sanciones relacionados con el incumplimiento de la Ley Antilavado, entre ellas desarrolladores y agencias inmobiliarias de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Cabo Corrientes, reveló el C.P. Ismael Vallín Córdoba, integrante de HSV Grupo Jurídico y director del área jurídica de Heza Consultoría Integral.
El dato fue dado a conocer durante una capacitación impartida a integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Riviera Nayarit, en la que el especialista expuso las nuevas obligaciones derivadas de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), vigentes desde el 17 de julio de 2025.
En entrevista, Vallín Córdoba precisó que la reforma no trajo las facilidades administrativas que se esperaban, sino obligaciones adicionales para quienes realizan actividades vulnerables conforme al artículo 17, fracción V (desarrollo, construcción, intermediación y enajenación de inmuebles) y fracción XI (representación legal y administración de rentas o inmuebles), y el sector inmobiliario de esta región ya está dentro de ese proceso de verificación.
“Ya existen algunos apercibimientos por procesos sancionadores por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del SAT; se han revisado específicamente algunos desarrolladores y agencias inmobiliarias”, afirmó, sin revelar nombres o expedientes de las empresas sancionadas.
La sanción por no presentar un aviso va de 10,000 a 65,000 UMA’s (aproximadamente 1.5 a 7.6 millones de pesos), sin rangos intermedios, y se agrava en caso de reincidencia, informó.
De acuerdo con el especialista, aunque en Guadalajara el número de revisiones es mayor, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Cabo Corrientes no están al margen de la vigilancia.
CONCEPTOS Y OBLIGACIONES
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 amplió además conceptos y obligaciones relacionados con el beneficiario controlador, definido en la ley como la persona física o grupo de personas físicas que, en última instancia, obtiene el beneficio o ejerce el control efectivo de una persona moral.
En materia inmobiliaria, la reforma incorporó expresamente el concepto de “desarrollo inmobiliario” como actividad relevante dentro del régimen de prevención, para proyectos destinados a la venta o renta.
Para Vallín Córdoba, el problema no radica únicamente en desconocer la legislación, sino en postergar el cumplimiento hasta que llega una revisión.
“La autoridad te puede revisar y, si tú no cumples con sus obligaciones, las multas son muy agresivas”, advirtió.
65 MIL INSCRITOS
La legislación establece obligaciones para quienes realizan determinadas actividades vulnerables, entre ellas registrarse, identificar a clientes y usuarios, presentar avisos cuando corresponda, conservar documentación y atender las visitas de verificación. El SAT mantiene actualmente un portal específico para el registro y cumplimiento de estas obligaciones.
El especialista señaló que, de acuerdo con los últimos reportes que maneja su despacho, alrededor de 65 mil personas están inscritas en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero y han reconocido ante la autoridad que realizan alguna actividad vulnerable.
Sin embargo, consideró que la cifra todavía está lejos de representar al universo de personas y empresas que realizan actividades sujetas a estas disposiciones.
Uno de los principales mensajes dirigidos a los profesionales inmobiliarios fue que no estar inscrito en el Portal no significa estar fuera del alcance de la autoridad cuando una persona física o moral realiza una actividad considerada vulnerable.
COSTO DE INCUMPLIR
Ismael Vallín sostuvo que uno de los mayores retos para el sector consiste en dejar de considerar las medidas antilavado como un trámite adicional y entenderlas como parte de la protección de las propias empresas.
Explicó que las obligaciones pueden representar costos administrativos y requerir personal, sistemas y asesoría especializada, pero el riesgo económico y operativo de no cumplir puede ser considerablemente mayor.
El mensaje adquiere particular relevancia para el mercado inmobiliario de Puerto Vallarta y la región, donde convergen desarrollos residenciales, operaciones de compraventa, inversión nacional y extranjera y una amplia actividad de intermediación.
Para Vallín Córdoba, el escenario actual obliga a los profesionales inmobiliarios a pasar de una postura reactiva a una de prevención.
La advertencia, dijo, no busca generar alarma entre los profesionales del sector, sino evitar que una eventual visita de la autoridad encuentre empresas sin expedientes, controles o documentación suficiente para acreditar que están cumpliendo con sus obligaciones.
“El cumplimiento sale mucho más barato que no cumplir”, resumió.
