Por Joel Ortega/Bahía de Banderas
Restricciones al acceso a información municipal, exclusión de actividades institucionales y presiones sobre sus decisiones como integrante del Ayuntamiento forman parte de los hechos por los que la síndica municipal Daniela Zeamay Sahagún Flores denunció al alcalde Héctor Javier Santana García por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.
La denuncia fue presentada el 24 de marzo de 2026 ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) y también señala a siete funcionarios de la administración municipal, a quienes la síndica atribuye conductas que, según su versión, han obstaculizado el ejercicio de las atribuciones para las que fue electa.
Uno de los principales señalamientos apunta a un presunto control de la información solicitada por la Sindicatura. De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad electoral, distintas dependencias habrían condicionado la respuesta a sus oficios a la autorización previa del presidente municipal, lo que —sostiene la denunciante— limitaría sus facultades de revisión y vigilancia de los asuntos públicos.
Sahagún Flores también refiere supuestas presiones relacionadas con el sentido de su voto durante la discusión del presupuesto municipal, exclusión de actividades institucionales e intentos de evitar que el conflicto llegara a medios de comunicación nacionales.
Los hechos denunciados, de acuerdo con su planteamiento, no serían episodios aislados, sino parte de una dinámica que habría afectado su desempeño como síndica.
La denuncia incorpora declaraciones que Sahagún Flores atribuye a Santana García durante un evento realizado el 22 de noviembre de 2025 en el restaurante Naayari Cocina Tradicional Nayarita, en Compostela, Nayarit.
Según el documento, durante ese encuentro el alcalde habría hecho referencia a mujeres que participaron en una contienda electoral con la expresión: “nos dan de resultados nada, nada más una cara bonita y una selfie”.
También se le atribuye la frase: “que nos suban a la báscula para que vean que les vamos a poner una buena chinga”.
Para la síndica, estas manifestaciones representan posibles expresiones de violencia simbólica y psicológica, al recurrir a referencias sobre la apariencia física y estereotipos para descalificar la participación de las mujeres en la política.
La calificación jurídica de esas declaraciones, así como la acreditación de los hechos, corresponde a las autoridades competentes, que deberán valorar las pruebas y determinar si existió una infracción en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Además del presidente municipal, el señalamiento incluye al secretario del Ayuntamiento, José Israel Santillán Castañeda; la oficial mayor administrativa, Martha Lilia García Sedano; la directora de Medio Ambiente, Ciola Edith Arévalos Rodríguez, y la directora de Desarrollo y Bienestar Social, Indiana Manaen Herrera Flores.
La lista también comprende a Máximo Diego Rivera Palomera, coordinador de Juzgados Cívicos; Javier Francisco Mondragón Palomares, jefe de Departamento y Estrategia de Comunicación Social, y Edson Carlos Olvera García, jefe de Gabinete.
La síndica atribuye a los señalados distintas conductas que, consideradas en conjunto, habrían dificultado el ejercicio de sus responsabilidades dentro del gobierno municipal.
Ante los hechos que expone, Sahagún Flores solicitó medidas de protección para ella y su círculo familiar. La petición quedó asentada en una comparecencia ante el IEEN, cuyo contenido consta en un acta de 10 páginas.
El caso abre un nuevo frente de controversia en el gobierno municipal de Bahía de Banderas, al poner bajo escrutinio las relaciones entre la Presidencia Municipal y la Sindicatura, particularmente en lo relativo al acceso a la información, la autonomía en el ejercicio del cargo y los derechos político-electorales de las mujeres.
Hasta ahora, los hechos descritos corresponden a los señalamientos de la denunciante y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad. Será el organismo electoral y, en su caso, las instancias jurisdiccionales quienes deberán analizar las pruebas, establecer si las conductas denunciadas configuran violencia política de género y determinar las consecuencias legales que correspondan.
