Por Marisela Muñoz/Guadalajara
En un hecho histórico para el patrimonio público, ambiental e hídrico de las y los jaliscienses, la Consejería Jurídica del Estado de Jalisco informó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa —por decisión unánime de los magistrados federales—, emitió una resolución definitiva favorable en la defensa jurídica de predios de dominio público ubicados en Colomos III.
“El Bosque de los Colomos se defiende. Hoy, y legalmente, el bosque es y seguirá siendo de las y los jaliscienses. El compromiso de nuestro señor Gobernador, Pablo Lemus, y su instrucción ha sido clara: que defendamos el Bosque de los Colomos como un asunto prioritario en beneficio de las y los jaliscienses. Seguimos trabajando, al estilo Jalisco”, afirmó Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Estado de Jalisco.
El Gobierno del Estado actuó conforme a derecho y en apego a la ley, respondió a su obligación ineludible de tomar medidas inmediatas para salvaguardar y evitar el deterioro o mal uso de los bienes de dominio público.
La resolución, dada a conocer hoy, deriva de las acciones realizadas en 2017 para recuperar diversos predios en Colomos III, entre ellos, un polígono de 1.21 hectáreas.
Dichos terrenos fueron adquiridos hace más de 100 años a fin de garantizar el abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.
Durante años, estos terrenos fueron invadidos por intereses particulares que pretendían apropiarse de este espacio público para construir torres de departamentos, por lo que promovieron un recurso legal a su favor.
En marzo de 2024, el entonces Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo resolvió el amparo en favor de los particulares, al considerar que no se respetó el derecho de previa audiencia y debido proceso.
Sin embargo, la determinación fue impugnada por el Gobierno de Jalisco y posteriormente, resuelta en sentido favorable por el tribunal federal.
“Lo público es de todos y no se privatiza. La resolución fue muy clara al reconocer que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Por lo tanto, determinó que el procedimiento de recuperación es una medida cautelar y provisional justificada por el interés colectivo”, señaló la Consejera Jurídica, Tatiana Anaya.
La decisión del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa fortalece la posición jurídica argumentada por el Gobierno de Jalisco, quedando plenamente justificada esta vía por ser un asunto del interés colectivo.
Anaya Zúñiga explicó que se actuó con total apego a la ley y en cumplimiento del deber, dado que el tribunal reconoció la constitucionalidad del Artículo 8 de la Ley que Divide los Bienes Pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Privado y Bienes de Dominio Público.
“Esto confirma que el procedimiento que se realizó fue conforme a derecho, validando que el gobierno no solo tiene la facultad, sino la obligación ineludible de tomar medidas inmediatas para salvaguardar y evitar el deterioro o mal uso de los bienes de dominio público”, señaló.
La Consejera Jurídica agregó que lo público es de todos y no se privatiza; subrayó que la resolución fue clara al reconocer que los Bienes de Dominio Público son inalienables e imprescriptibles.
Por lo tanto, se determinó que el procedimiento de recuperación es una medida cautelar y provisional, justificada por el interés colectivo, al actuar de forma inmediata para proteger al bosque.
“No violamos el derecho de audiencia de nadie ni privamos derechos a los particulares, porque nadie tiene porqué apropiarse de lo que nos pertenece a todas y a todos”, dijo Tatiana Anaya.
A esto se sumó que quedó plenamente demostrado que el juicio de amparo no era la vía idónea, dado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa también determinó que el amparo interpuesto por los particulares no era el camino para debatir la propiedad.
El órgano judicial también avaló que el procedimiento desplegado por el Gobierno del Estado es un mecanismo legítimo, que sirve para defender el interés público frente a los intereses de particulares.
“Rescatamos esta zona por la máxima utilidad pública: proteger nuestro medio ambiente y garantizar el abastecimiento de agua para toda la ciudadanía”, señaló Tatiana Anaya.
Con la resolución, Jalisco fortalece la defensa jurídica de Colomos III y reafirma que los bienes públicos vinculados al medio ambiente y al agua deben permanecer al servicio de la ciudadanía.
